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El Congreso aprueba la Ley de Seguridad Privada que finalmente va a incluir un apartado especialmente polémico, el que permite a los agentes privados identificar e inmovilizar a personas en la calle y espacios públicos. La enmienda fue incorporada por CiU y PP a última hora durante el trámite en el Senado.
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El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz llegó a justificar la nueva regulación que favorece al sector privado porque facilitará "el crecimiento económico de España" ya que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y facturó en 2012 3.215 millones de euros.
La Comisión de Interior del Congreso aprueba hoy la Ley de Seguridad Privada que da a las empresas de seguridad el control externo de las cárceles y luz verde a una enmienda polémica recién incorporada por PP y Convergencia i Unió. La nueva norma da competencias a los vigilantes de seguridad privada - los agentes identificados coloquialmente como "chaquetas rojas" por su indumentaria- para identificar, inmovilizar y cachear a personas en la calle. La enmienda fue incorporada durante el trámite del Senado por PP y CiU y con la oposición frontal de PSOE y la Izquierda Plural y UPyD.
En el texto definitivo que irá al Senado los agentes privados podrán vigilar el perímetro de exterior de las cárceles, un punto al que se oponen también PSOE, Izquierda Plural y UPyD, junto a los sindicatos policiales que alertaron de un primer paso de privatización del sector de las prisiones. Hasta ahora sólo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podían proteger las cárceles tanto dentro como fuera del perímetro.