LA DEMOCRACIA HERIDA: EL DEBATE CONSTITUCIONAL

Estepona 6 de diciembre de 2012

La Constitución española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España,^[2] en vigor desde el 29 de diciembre de 1978.^[3]

Cuando se pone en duda la vigencia de la constitución, se está poniendo en duda la esencia misma de la democracia, se ponen en duda los principios de cohesión y solidaridad, se ponen en duda que los españoles seamos capaces de sentirnos ciudadanos libres, iguales y con derecho a un sistema judicial justo y a participar en la vida política a través del pluralismo.

LA DEMOCRACIA HERIDA: EL DEBATE CONSTITUCIONAL

De pronto se entabla una disputa con respecto a la idoneidad o no de la Constitución, se debate sobre su “modernidad” y se duda que represente a todos los españoles. Constitución y política, es indudable su parentesco; de la clase política surgió la carta magna, como no puede ser de otra forma. De la clase política y de un tiempo de revoluciones, en casi todos los ámbitos, de aquella España de los setenta. Un tiempo en que los ciudadanos fuimos capaces de transmitir a esa clase política emergente, que estábamos maduros, pese lo reciente del pasado franquista, para afrontar la necesidad de un documento, de un ordenamiento jurídico que le diese a este país un legado de cohesión y nos igualara en derechos y obligaciones. El pueblo refrendó la constitución y nació la democracia en nuestro país.

Pasado treinta y cuatro años el Congreso suspende la  tradicional jornada de puertas abierta de la institución para celebrar este día, porque un colectivo de profesionales, ante las continuas afrentas a sus derechos laborales, aprovecha la resonancia mediática de esta celebración para hacerse oír. Cuando lo cohesionador hubiese sido no solo abrir la puerta principal, sino todas las ventanas del edificio para que el aire reformista que impulsa a estas protesta impregne a unos representantes políticos que están empeñados en mirar continuamente hacia atrás.

Es esta mirada hacia atrás la que esta hiriendo a la democracia, a su espíritu y a su cuerpo jurídico. Una mirada hacia atrás basada en una legislación que se está aprobando a base de decretos, es la que está poniendo en riesgo la igualdad entre los españoles. El incumplimiento constitucional a nivel de casi todas las instituciones, desde la política hasta la eclesiástica pasando por la financiera y la judicial, es lo que hace que los ciudadanos “duden”, erróneamente, de la eficacia de la constitución, cuando debían poner el acento en exigir a una devaluada clase política la ética suficiente para afrontar sus obligaciones como gestores de la cosa pública y ser ellos los principales garantes de la constitución.

¿Es necesario reformar la constitución? Quizás la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Se habla que la carta magna se ha quedado trasnochada. Actualicemos el Senado dotándolo de un mecanismo ágil y transparente para desde ahí cohesionar el territorio. Se ataca a la constitución, desde del marco de la ordenación del territorio, cuando en realidad habría que legislar sobre una redistribución de las atribuciones de competencias que dio lugar a las autonomías. La ordenación del territorio no pasa por la reforma de la constitución y sí  por un cambio en la legislación posterior que se ha dispersado y ha hecho que el marco competencial de las autonomías se haya desbocado.

Cuando se utiliza la constitución para justificar estrategias políticas es cuando realmente está en peligro esta herramienta de convivencia. Cuando los ciudadanos observan cómo se esgrime como un arma arrojadiza de unos partidos contra otros, es cuando realmente algo hay que modificar y no es precisamente la carta magna, más  bien diría que hay que refundar el marco legal de la representatividad ciudadana. La constitución no hace aguas, la constitución esta resquebrajada por los ataques que sufre desde el espacio creado para su protección y cumplimiento.

Cualquier grupo político puede bloquear una ley alegando que es inconstitucional y sometiéndola al dictamen del tribunal constitucional, me pregunto ¿es necesario el tribunal constitucional? ¿Es necesario que se tenga que dictaminar sobre la constitucionalidad de una ley? ¿No pensáis que es una locura que un tribunal juzgue a un equipo de gobierno porque este ha legislado contra la voluntad popular?

En dos ocasiones se ha modificado algún articulado de la constitución, una en 1992 como consecuencia de nuestra pertenencia a la UE, en su artículo 13.2 y la segunda en 2011, articulo 135. Está claro que el articulado constitucional debe estar abierto a  las modificaciones que contribuyan a dotar de un mayor dinamismo a nuestra sociedad  y adecuarse a las necesidades que los tiempos van exigiendo, pero para ello es necesario el consenso de la clase política; lo hubo en su aprobación allá por el 78 y entonces todos los partidos de aquella época, o sus herederos ideológicos, que hoy día tienen representación parlamentaria, pidieron el voto favorable en el referéndum, salvo Euskadiko Ezquerra y Esquerra Republicana, y siendo el resultado de un 88,54% a favor por un 7,89% en contra. Hoy día esa posibilidad sería imposible, porque carecen nuestros representantes de ese sentido de Estado que hay que tener para anteponer el interés general al doctrinal.

Ese interés general por el que se llega a pactos políticos y no pactos doctrinales  y que tan difícil es de desligar, porque la doctrina no puede ponerse sobre la mesa de negociación para dar soluciones políticas, ni para permitir el ascenso de políticos arribistas a esferas de poder, porque al final la doctrina rompe el consenso político, indefectiblemente. No se puede excluir a través de los sentimientos.

El cuerpo doctrinal de los partidos políticos es una abstracción de la realidad, es la meditación a través de la cual se intenta llegar a una realidad utópica, y es necesario y diferencia realidades en la manera de abordar el mismo problema. Es el camino que conduce al arco iris, permítanme la licencia, pero en la solución de los problemas de un país, a veces ese camino hay que compartirlo.

Está claro que uno de los derechos fundamentales, aunque no esté recogido en ninguna constitución, es el derecho al error, siempre y cuando no produzca un conflicto de legitimidades.  En este sentido y desde la Unión Progresista de Fiscales alertan que el creciente descrédito de los representantes políticos “no debe confundirse con la deslegitimación de la Constitución porque no tiene nada que ver una cosa con la otra”. Su portavoz, María Moretó, insiste en que la Carta Magna no puede ser el origen de todos los males.

SERGIO LÓPEZ