El PSOE se opuso hace veinte días al CGPJ independiente que pedía Talegón

El PSOE se opuso hace veinte días al CGPJ independiente que pedía Talegón 

El movimiento Foro Ético, al que pertenecen Miguel Ángel Moratinos, Odón Elorza y Beatriz Talegón, pidió "cambiar el sistema de selección y designación de los miembros" del órgano de gobierno de los jueces para "huir de intereses partidistas". El círculo de Tomás Gómez (PSM), que deja el escaño como protesta, respaldó el texto.

El líder del PSM, Tomás Gómez, anunció este miércoles que deja el escaño en el Senado por su rechazo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pactada por PP y PSOE y que incluye al juez Francisco Gerardo Martínez Tristán, recusado por los socialistas madrileños al no frenar la privatización sanitaria en la región. Martínez Tristán está casado con Marta García de la Calzada, consejera de Fomento del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Sin embargo, Gómez no es el único en las filas socialistas que se opone al modo en que ha sido elegido el órgano de gobierno de los jueces, aderezado esta vez con un pacto táctico entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, para no vetar vocales propuestos por el adversario.

Esta propuesta se debatió en una ponencia en la que no tocaba estar a Tomás Gómez, pero compañeros de su círculo votaron a favor de ella, según las fuentes socialistas consultadas.

Los promotores de esta enmienda, la 1.627, fueron los integrantes de Foro Ético, movimiento que reúne al exministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, al exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, y a la secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, Beatriz Talegón. El texto, que fue rechazado por Ferraz, instaba a promover una renovación despolitizada de “altos organismos reguladores y de control para garantizar la efectiva división de poderes y la independencia de sus miembros en su actuación”.

Hacía referencia, además de al CGPJ, al Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Gobernador del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Entes de Radio y Televisión Públicas y “otras altas instancias del Estado”. Ello, añadía, encaminado al “mejor control del ejecutivo, del poder judicial, de los poderes públicos, de los partidos, de los poderes económicos y de unas administraciones que han de tener un funcionamiento totalmente transparente y ajustado a la ley”.