En sus últimas resoluciones, la juez fija una fianza por responsabilidad civil de 2,3 millones para Trujillo y declara responsables civiles subsidiarios al sindicato CC OO y al despacho Garrigues, entre otros.
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En Jerez, “para rellenar los sobres”, se hacía a través del Banquito que dependía de Ramón Romero, según Yvancos. Este señala que Nueva Rumasa tramitó subvenciones a través del exconsejero Gaspar Zarrías, y menciona la intermediación de un “alto funcionario de la Junta” vinculado a la familia Ruiz-Mateos.
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Mientras, la juez Mercedes Alaya ha imputado a otras cuatro personas, por lo que el caso acumula ya 59 imputados. Entre ellos destaca el exdiputado del PSOE Ramón Díaz, anterior mano derecha de Guerrero.
La juez ha citado en julio al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y los ex directores generales Juan Márquez y Daniel Rivera para que junto a Rofa declaren en el juzgado y esclarezcan las irregularidades en el corazón de la Consejería.