De partidos políticos, sus finanzas y la hipocresía de sus dirigentes.

Estepona 20 de Enero de 2013

De partidos políticos, sus finanzas y la hipocresía de sus dirigentes.

                                           

¿Porqué se rasgan las vestiduras, ahora el PSOE e IU, antes el PP, en su momento CIU o PNV, todavía UPyD…? Un reciente estudio de Demoscopia para el diario El País, avanzaba estos datos hace unas semanas: “El 96% de los españoles cree que la corrupción política es muy alta y solo un punto menos (el 95%) entiende que los partidos políticos protegen y amparan a los acusados de corrupción”

De otra parte la ONG Transparency International, ha elaborado un ranking mundial sobre la corrupción, sitúa a España en lugar 31, empatados con Botsuana y la republica de Mauricio. Todos estos son datos publicados en distintos medios de comunicación que nos trasladan a la dura realidad y ponen de manifiesto que no se trata solo de una percepción de los ciudadanos, sino de una realidad, y que existen razones para esta preocupación ciudadana.

Es cierto que cuando se detectan casos de corrupción, la mayoría de las veces filtraciones interesadas desde dentro del propio partido, se exigen, no siempre, responsabilidades penales y estas responsabilidades siempre las exigen el adversario de turno o colectivos ciudadanos, nunca el propio partido en el seno del cual se han producido, y es solo a raíz de este destape moral, cuando la maquinaria de los aparatos empiezan a funcionar, más por una cuestión de estética que de fondo; pero también hay que exigir responsabilidades políticas y aquí los partidos, todos, exigen estas responsabilidades, exigiendo dimisiones, cuando les interesa fulminar a un entrañable compañero de partido porque está empezando a ser un rival incomodo intramuros de los cuarteles partidista ya sea en su versión orgánica o institucional, porque si no media esta situación cainita, todo se juistifica.

“Hay un creciente malestar entre los dirigentes más  próximos a Rajoy porque temen que el estallido del caso Bárcenas sea parte de una “operación interna para debilitarle”, podemos leer en el Huffington Post. Preocupa más una posible operación de acoso y derribo a Rajoy, desde dentro, que la realidad tremenda y sangrante del hecho delictivo. Así funciona la antesala de la corrupción. La amoralidad que se ha instalado en las estructuras de los partidos y que están haciendo que rechinen los engranajes de la democracia.

Por lo tanto es cierta esa percepción de los ciudadanos expresada a través del sondeo, la permisividad de los partidos para con sus “delincuentes”, esa omertad sellada con pactos no escritos de hoy por ti y mañana por mí.

El Consejo de Europa ha puesto en tela de juicio en más  de una ocasión la existencia de malas prácticas en los partidos españoles en lo referente a las finanzas. Fuentes del Tribunal de Cuentas, según datos del El País, asegura que a finales de 2013 se pondrán al día con las cuentas de los partidos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011. ¿A quién pues le interesa que esos mecanismos de control estén mal dotados y que sean más  herramientas de cara a la galería que instrumentos eficaces para controlar la corrupción desde sus inicios? La duda surge  a partir del número de personas que  dentro del TC se dedican a esta supervisión, doce personas para supervisar a 32 partidos.

Abundando en esta última reflexión, viene bien recordar las palabras de  Fernando Rodríguez Rey, fiscal desde hace 22 años y que ha dedicado 17 a combatir la corrupción económica y política en Barcelona. Entre sus actuaciones más  destacada, el caso de la malversación de fondos en el Consorcio de Turismo de Cataluña, del caso que llevó a la cárcel al juez corrupto Luis Pascual Estevill. Su último asunto ha sido el caso Pallerols. Pues bien este fiscal muestra su escepticismo sobre la eficacia de la lucha contra la corrupción y dice textualmente según publica El País: ““El contexto actual no favorece en nada nuestro trabajo. O se nos dota de más medios y personal o no podremos perseguir la corrupción económica y política, porque cada vez surgen más asuntos y más complejos”. El articulo “La corrupción no se puede combatir sin más medios”, es de lectura obligada para entender este entramado de escándalos y corruptelas. Una frase lapidaria sintetiza su desesperación: “Cree que es más difícil combatir la delincuencia "de moqueta" que la de "metralleta"

Y dentro de esta vorágine de corrupción, habría que analizar los mecanismos que facilitan la corrupción y uno de ellos es la dependencia del sistema judicial al poder político.  El sistema judicial y digo sistema y no poder porque es la dinámica judicial la que se intenta utilizar por esa clase política, como pareja de baile, con fines ajenos a la  propia administración de la justicia y han pretendido privarla de esa independencia que hace que el ciudadano se sienta protegido. Se ha judicializado la vida política y como no, se ha politizado el poder judicial. Y ese es uno de los mecanismo que hay que resolver.

Hay tantos poderes encadenados que a su vez encadenan a la sociedad, que es imprescindible que se modifiquen esas estructura de nombramientos, propuestas y “equilibrios políticos” en el seno de consejo general del poder judicial, por poner un ejemplo, o bien que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Rey a propuesta del ejecutivo y dependa de Interior. Por supuesto que no pongo en duda la honorabilidad de los nombrados, y que una vez producido el nombramiento, el nombrado es inamovible e independiente en sus decisiones, de eso estoy convencido. Vaya por delante este convencimiento, lo contrario sería una infamia. Me refiero al hecho en sí de la mecánica de los nombramientos y que es esta mecánica la que debía de modificarse. Estoy hablando de politización no de ideologización. Estoy hablando que debería minimizarse el hecho que los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Constitucional sean elegidos desde el poder ejecutivo.

Ya lo avisaba Montesquieu en el Espíritu de las Leyes: “Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor”

Quiero explicar que necesitamos cambios profundos tanto en lo institucional como en la ley de base, en la constitución o en la división del territorio, porque mientras no se acometan estos cambios no habrá posibilidad real de luchar contra la corrupción. Después de años de democracia los corruptos le han cogido el ”tranquillo” a la democracia y hay que volver a redefinir  mecánicas y leyes para evitar que las tramas de corrupción se sigan saliendo con la suya, buscándole las vueltas a la constitución y minando la confianza de los ciudadanos en la clase política.

Y mientras, ¿qué podemos hacer los ciudadanos?, nada, con la constitución en la mano nada, porque el artículo 87.3 dice que: “Una Ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia”. Pues si la iniciativa popular no puede presentar proposiciones de ley para la modificación de leyes orgánicas y son estas las que regulan  las libertades públicas y derechos fundamentales, ¿qué podemos hacer? Manifestarnos y cada cuatro años votar…¿solo eso? Pregunto, y mi convicción democrática me impide aseverarlo, ¿hay en la constitución fisuras a través de las cuales la clase política pueda blindarse y hacer que esta escape al control de la ciudadanía?  Porque claro, no todo los derechos ciudadanos deben de empezar y acabar el día de las elecciones de turno. En caso afirmativo sería saludable modificarlas, ¿no?

SERGIO LÓPEZ