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¿Cómo se financiará la nueva ley?, ¿qué hay detrás de la FP básica?, ¿cuáles serán las lenguas vehiculares en clase?, ¿quién corregirá las nuevas reválidas?. 'Público' repasa algunas claves que Wert no cuenta sobre la reforma educativa.
1. El truco estadístico de la FP
En la nomenclatura europea, el título de Educación Secundaria superior se llama CINE 3 y consiste en tener un mínimo de 11 años de escolarización y al menos un ciclo cerrado completo de dos años en la parte final de la etapa educativa. Eso es, haber terminado la ESO y luego haber hecho el Bachillerato o la Formación Profesional de grado medio. Hasta ahí, todo bien. Pero con la nueva ley educativa, entrarán dentro del paraguas del CINE 3 los alumnos que hayan terminado la nueva Formación Profesional Básica, un camino alternativo de dos años para los estudiantes de ESO que —tras nueve años de escolarización— obtienen peores resultados. Ese título es una cualificación de primer grado, lo más bajo de todo. "Pero un alumno con FP Básica y al que no van a contratar en ningún sitio, cumple los dos requisitos para ser CINE 3. Por lo tanto, a efectos estadísticos, tiene la misma consideración que un bachiller o un titulado en FP de grado medio", explicaba a Público recientemente el portavoz socialista en la Comisión de Educación en el Congreso, Mario Bedera. De este modo, sobre el papel, aumentará el número de alumnos CINE 3 y, por tanto, se reducirá —aparentemente— el abandono escolar
2. La cara oculta de las reválidas
La Lomce incorpora tres evaluaciones externas a nivel estatal al final de cada etapa educativa: después de Primaria, de la ESO (el examen será distinto si se quiere hacer Bachillerato o FP y sólo podrán presentarse los alumnos que hayan suspendido hasta dos asignaturas de 4º) y, por último, de Bachillerato. La primera prueba no condicionará si los alumnos repiten o no, pero las dos siguientes sí serán reválidas. Expertos y sindicatos han criticado esta medida, que se eliminó del sistema educativo en los años setenta, porque puede provocar que algunos alumnos —por culpa de un mal año— salgan del sistema y no tengan forma de volver a entrar en él. Además, podrán ser profesores de centros privados los que corrijan estas reválidas, según publicó recientemente el diario El País. El Consejo de Estado ya reprochó al Ejecutivo que la ley "no dice" si la corrección de las reválidas "se va a ejecutar por profesores del sistema público, por profesores contratados o por empresas privadas".
3. Los líos con las lenguas
Desde el inicio de la creación de la Lomce, uno de los debates más encarnizados entre consejeros de Educación autonómicos y el ministro ha sido el del respeto a las lenguas cooficiales, especialmente, en el caso catalán. La normativa, como ya ha reconocido Wert en varias ocasiones, está hecha a medida para Catalunya. En principio, la ley obligaba a las comunidades a financiar la escuela privada de aquellos padres que deseen escolarizar a sus hijos con el castellano como lengua vehicular. Y meses después de dar el visto bueno a esta cuestión, el PP aprobó una enmienda transaccional de UPyD en la que se modifica el texto para endurecerlo todavía más.
4. ¿De dónde saldrá el dinero para implantar la ley Wert?
408 millones de euros de costes directos de implantación abonados por el Gobierno central y entre 50 y 927 millones que deberán aportar los Ejecutivos regionales en concepto de gastos de consolidación del nuevo sistema. Este es el precio que el ministerio y las comunidades tendrán que pagar para instaurar la Lomce en un plazo de dos cursos (tres años naturales) desde que la Lomce entre en vigor. De la parte respectiva al Gobierno, el primer año aportaría casi 23 millones de euros; el segundo, 130 millones; y el tercero, 255.
Una vez más, fue la consellera catalana, Irene Rigau, la primera en dudar de que la memoria económica que acompaña a la ley sea viable, especialmente, si se tiene en cuenta que hay que cumplir los objetivos de déficit. Pero, además, todo está previsto para que la Lomce sea aprobada definitivamente a finales de noviembre, por lo que en 2014-2015 ya debería comenzar su implantación en las escuelas españolas. Es decir, que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 tendrían que englobar recursos para dicho fin. Pero no es así. En el documento no existe textualmente ninguna partida destinada a instaurar la Lomce como tal [ver pdf, aquí]. Así lo denunció a Efe la Federación de Educación de CCOO, que considera que "los presupuestos ponen en evidencia al ministerio, puesto que confirma que la Lomce carece de financiación que impulse las medidas contempladas en ella".