/fdata%2F4103460%2Favatar-blog-1192430948-tmpphpcZna7Q.jpg){kind=avatar}
/http%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Fstatic%2FEDIDiario%2Fimages%2Flogo.png)
27/04/2013 - 19:48h
El presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, conversa con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. / Efe
Estos son los puntos más significativos de la actual ley y las consecuencias de los posibles cambios que ha ido anunciando Ruiz-Gallardón en medios de comunicación y comparecencias públicas:
La actual ley permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación siempre y cuando la mujer haya sido informada de las prestaciones existentes de ayuda a la maternidad y cuando haya transcurrido un periodo de al menos tres días entre la petición y la intervención.
El 89,58% de los 118.359 abortos realizados en España en 2011 se produjeron dentro de las primeras 14 semanas de gestación, según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El 65,56% se realizaron dentro de las ocho primeras.
El ministro de Justicia ya anunció hace un año en una entrevista en el diario La Razónque eliminaría la ley de plazos en la futura reforma para regresar a una legislación de supuestos.
Pasado el plazo de las 14 semanas, una mujer puede ahora interrumpir voluntariamente su embarazo si antes de las 22 semanas se detectan graves anomalías en el feto y así lo acreditan dos dictámenes médicos. Pasado ese plazo, un comité clínico debe acreditar que existen anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable. Son la minoría de las intervenciones. El 2,73% se produce antes de las 22 semanas de gestación y un 0,3%, pasado ese tiempo.
Se trata de uno de los cambios más polémicos anunciados por Gallardón, que en la misma entrevista rechazó el aborto por malformación fetal. Los expertos rechazan el concepto de aborto eugenésico utilizado por el ministro.
La especialista en diagnóstico prenatal señala que cuando se habla de “malformaciones incompatibles con la vida se trata de anomalías como la anencefalia [ausencia de cerebro] o la trisonomía del cromosoma 18, que causa graves problemas en muchos órganos”.
La actual legislación establece que las chicas de 16 y 17 que deciden someterse a un aborto deben informar al menos a uno de sus tutores, a no ser que aleguen un conflicto grave que motive una situación de desarraigo o desamparo. Según un estudio realizado en 2011 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el 87% (de una muestra de 1.186) de las chicas que acudieron a abortar a los centros lo hicieron acompañadas de sus tutores legales.
El programa del PP, y así lo ha asegurado el ministro, prevé la eliminación de este supuesto.
Bajo el epígrafe “De la Salud Sexual y Reproductiva”, el título primero de la actual legislación establece medidas públicas de prevención y educación sexual, tanto en el ámbito educativo como en la formación de los profesionales de la salud, así como la garantía en el acceso a métodos anticonceptivos.
El partido que dirige Mariano Rajoy justificó la eliminación del título primero por considerar “no adecuada su existencia en una ley cuyo objeto principal es establecer el aborto libre dentro de las primeras catorce semanas de gestación”.
La entrada en vigor de la actual ley derogó el artículo 417 bis del Código Penal que contemplaba la penalización del aborto excepto en tres supuestos (como recogía la legislación aprobada en 1985). La vuelta a una normativa de supuestos, “y de despenalización parcial del aborto”, como pedía el PP en sus enmiendas, podría suponer incluir de nuevo el delito de aborto en el Código Penal.
Si bien el ministro de Justicia señaló el martes en el Congreso que ninguna mujer iría a la cárcel con la nueva legislación, ello no quita que un juez las cite a declarar, ya sea como testigos o imputadas, como ya ocurrió con el conocido caso Isadora en 2007. Entonces, 28 mujeres fueron llamadas a declarar como testigos –a algunas fueron a buscarlas sus propios domicilios– en el caso que un juzgado abrió contra la clínica madrileña por supuestas irregularidades administrativas y abortos ilegales tras la denuncia de un asociación ultracatólica. El caso, sobreseído año y medio después por falta de pruebas, fue el detonante para la elaboración de la ley de plazos.