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Estepona 10 de Marzo de 2024
CUANDO LA CORRUPCION SE NORMALIZA
La corrupción, ejercida desde la responsabilidad de lo público, siempre destapa una red de puertas giratorias a través de la cual los intermediarios y comisionistas campan a sus anchas y las palancas que accionan estas puertas las suelen manipular, o la dejan al alcance de estos últimos, los responsables institucionales, que por dejadez o por un concepto espurio de lo público propician comportamientos que transgreden la ley.
Es cierto que muchas de las contrataciones en épocas de crisis, caso COVID, se hacen por la vía de urgencia y esta vía permite obviar procedimientos, para agilizar determinadas gestiones, según las circunstancias, entonces las administraciones publicas pueden quedar desprovistas temporalmente de mecanismos reguladores y estos “paréntesis” legales dan pie al mercadeo, trapicheo o estraperlo, lo que hace aún más deleznable estas actitudes.
En todo caso hay una responsabilidad política, aunque sea transversal, esa “culpa in vigilando” de todos los actos que se deriven de la gestión de la cosa pública. Por lo tanto, toda sospecha o investigación fundada sobre casos de corrupción que afecte a la administración pública debe llevar al político de turno a presentar su dimisión, aunque sea por una cuestión de higiene democrática, de toda responsabilidad pública, aunque ello conlleve también una dimisión, en muchos casos injusta, de la vida civil.
La corrupción debilita la vida política y menoscaba la confianza de los ciudadanos en sus representantes, porque la corrupción supone malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, soborno y cohecho. El debilitamiento del sistema judicial es una de las causas fundamentales, habría que señalar la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial como una de las claves para reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción. Esto explicaría, en parte, las dificultades en la que aún se encuentran las políticas públicas en España para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción. Los controles adecuados de integridad, transparencia y rendición de cuentas carecen aun de la agilidad procedimental necesaria, siendo necesario esfuerzos sustanciales a nivel institucional, normativo y jurisdiccional.
El índice de percepción de la corrupción del año 2023, publicado por Transparency Internationals, sobre 180 países, sitúa a España en el puesto 36 del ranking, con un porcentaje de 60%. De los países de nuestro entorno tan solo Italia sale peor parada que nosotros, ocupando el puesto 42 y con un porcentaje del 56%. A mayor puntuación menor corrupción. La puntuación media de Europa Occidental y la Unión Europea (UE), en este índice de 2023, es de 65 sobre 100.
Llega un momento en que se produce una saturación de la corrupción y se corre el riesgo que el ciudadano acabe normalizándola. Decía Sartre "El problema del mal es que uno se acostumbre".
SERGIO LÓPEZ