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Mariano Martín Zamorano 2 Agosto 2023
La extrema derecha promueve una visión homogeneizadora, nacionalista y conservadora de la cultura que podría derivar en un régimen censor de largo alcance
Mariano Martín Zamorano 2/08/2023
En las últimas semanas, a partir de la incorporación de Vox a diversos gobiernos locales y autonómicos, hemos presenciado una profundización de las llamadas políticas culturales iliberales. La formación ultraderechista ha ocupado la Concejalía de Cultura de varios municipios a lo largo del territorio, imprimiendo su línea política. Por ejemplo, desde esta posición en Valdemorillo (Madrid), Vox vetó la presentación de Orlando (1928), de Virginia Woolf. Cabe recordar que el personaje principal de esta obra teatral, un hombre nacido en la Inglaterra isabelina, experimenta un cambio de género a sus 30 años. Pero este proceso también se produce en el contexto de un “corrimiento” del Partido Popular hacia su derecha, por ejemplo, con la suspensión en Jaén de la obra ‘Romeo y Julieta despiertan’, protagonizada por Ana Belén. Si bien no se trata de un fenómeno nuevo en España[1], el mismo se sitúa en un nuevo marco narrativo y político donde parece ganar en intensidad. ¿A qué obedece este cambio?
Algo de contexto: la nueva política cultural iliberal europea
Desde las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, los partidos ubicados en la extrema derecha se han afianzado en diversos países. Distintas administraciones se han acercado desde entonces a los principios de las llamadas “democracias iliberales” o neoautoritarias, distinguidas en la literatura académica por combinar el rechazo por un pluralismo plenamente democrático y por los derechos de las minorías, con las elecciones libres (Zakaria, 1997; Bogaards, 2009).
Una de las estrategias de la extrema derecha ha sido la promoción de una visión homogeneizadora, nacionalista y conservadora de la cultura
Una de las estrategias clave desplegadas por estas fuerzas políticas ha sido la promoción de una visión homogeneizadora, nacionalista y conservadora de la cultura en sus políticas orientadas al mundo artístico y patrimonial. Dicho paradigma tiende a reforzar, mediante el señalamiento o ensalzamiento de músicos, poetas o actrices, los marcos de exclusión de diversos colectivos sociales que resultan extraños a un entendimiento xenófobo y misógino de la cultura nacional. Se trata de disputar y polarizar con un “otro” que encarna la inmigración, lo “políticamente correcto” o la comunidad LGTBI+. El “pueblo nacional” es así defendido frente a grupos o fenómenos que lo pondrían en riesgo.
Más allá de lo narrativo, la literatura viene alertando sobre cómo dicha estrategia retórico-política ha venido acompañada de mecanismos de control social efectivos y de un avance de la censura directa, indirecta o la autocensura ejercida sobre las artes (Whyat, 2023). Los ejemplos van desde la Hungría de Fidesz, pasando por Polonia, las experiencias de política cultural local del Frente Nacional Francés (Almeida, 2017) y los países nórdicos (Niklasson y Hølleland 2018), hasta el cambio de agendas gubernamentales en la Europa oriental (Dragićević Šešić, 2011). En este sentido, el caso húngaro es particularmente representativo de las lógicas, finalidades y efectos de esta política cultural. En la última década, el gobierno liderado por Viktor Orbán instauró una corporación estatal clientelar, opaca y cerrada a la participación social, encargada de derivar recursos hacia expresiones patrimonialistas y condescendientes con la visión oficial de la cultura nacional (Bonet y Zamorano, 2021). Al mismo tiempo, ha dispuesto mecanismos financieros con este fin como el estrangulamiento de determinados proyectos culturales del sector independiente en la ciudad de Budapest, que ahora debe contar con ayudas distritales o supranacionales para poder desarrollar su actividad. También ha desplegado formas de control (in)directo sobre los artistas e intelectuales “liberales”, como el reemplazo de responsables de teatros y espacios culturales o la no renovación de contratos, para alinear la programación artística con sus intereses.
La acción político-cultural de Vox: notas sobre sus antecedentes en el Parlamento español y el gobierno de Castilla y León
La emergencia de Vox hace una década es multicausal. Ha sido descifrada a partir del colapso financiero del año 2008, la ruptura del bipartidismo y la crisis política relacionada con el desarrollo del proyecto independentista catalán. La literatura lo sitúa ideológicamente en la extrema derecha o la extrema derecha populista (Cabezas, 2022; Mudde, 2019). En 2018 ingresó en un parlamento autonómico por primera vez, pero adquirió mayor proyección pública y poder político a partir del siguiente año, cuando se situó como tercera fuerza en las elecciones generales con 52 escaños en el Congreso de los Diputados.
La Agenda España (2021) pone en el centro diversos clasificadores culturales, como la familia tradicional, la llamada fiesta nacional (corridas de toros)
Pero el vínculo estratégico de Vox con lo cultural no es nuevo. La “Agenda España” (2021) pone en el centro diversos clasificadores culturales, como la familia tradicional, la llamada fiesta nacional (corridas de toros) o la lucha contra el relativismo cultural basada en la hispanidad. Dicho enfoque puede sintetizarse en la siguiente narrativa: “Las diferentes agendas globalistas perseveran en las mismas recetas fallidas de siempre para combatir la desigualdad social: fomento de la inmigración ilegal, aumento de la presión fiscal e incremento del gasto político (fundamentalmente relacionado con la ideología de género, el multiculturalismo o la nueva religión climática)”. Este esquema opone asimismo la idea de nación y pueblo a una elite manipuladora y represora de la identidad nacional: “Debemos denunciar también a la mafia intelectual que pretende decir quién puede escribir, quien puede cantar, quién puede actuar o realizar una película en España”.
Podemos también rastrear la política cultural de Vox en el Parlamento español, que ha sido utilizado como foro de disputa ideológico-cultural, y también en su breve recorrido en el Gobierno de Castilla y León.
El Parlamento español ha sido utilizado por Vox como foro de disputa ideológico-cultural
Un repaso por algunas intervenciones parlamentarias permite ilustrar la línea del partido en su actividad cultural en el Congreso. En 2020, Vox se pronunciaba sobre el Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre (130/000033), por el que se aprobaron medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. El Diputado nacional López Maraver señalaba que:
“El Gobierno nos trae un real decreto en el que ha dejado abandonado a todo el sector cultural y lo manda a la miseria. Ya no convencen ni a sus cuatro amigos millonarios del artisteo progre regados con paguitas. Pretenden ahora colárnosla diciendo que se les han acabado las paguitas de primavera-verano y ahora vienen con la colección otoño-invierno. Y ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, le ofrecemos una limosna al mundo del toro y al del circo”.
La cita condensa dos elementos claves en la estrategia político-cultural de Vox que serán una constante a lo largo de los últimos años. Por un lado, la disociación de la acción cultural “progre” o de una élite privilegiada de izquierda de las necesidades del pueblo español. Por otro lado, la legitimación de expresiones típicamente españolas y de “arte con mayúsculas” como parte de aquel patrimonio excluido de la acción gubernamental con particular atención a los toros y al arte circense, este último vinculado a la idea de familia.
El mismo año, Vox consultaba a la Comisión de Cultura y Deporte sobre las “gestiones realizadas por el ministro de Cultura y Deporte con el sector cultural para solventar la crisis económica del coronavirus, así como las consecuencias de dicho compromiso. (181/000105)”. El diputado Ramírez del Río (académico en el campo de la literatura), indicaba entonces que:
“Prácticamente todos los subsectores del mundo cultural han mostrado su malestar en un momento u otro y han llegado a pedir la dimisión del ministro de Cultura, el señor Rodríguez Uribes, desde los trabajadores del mundo de la tauromaquia hasta los auxiliares de los espectáculos, desde artistas plásticos, como Antonio López, hasta colectivos del mundo del circo, y todo ello se debe en gran parte a que consideran que no ha habido unas medidas lo bastante potentes como para proteger al mundo de la cultura”.
Desde esta forma, se señalan ciertos actores del ámbito cultural excluidos de las ayudas públicas o relegados por la política oficial, donde destacan repetidamente sectores distintivos (toreo, circo, etc.), los técnicos y una serie de artistas presentados como parte del patrimonio nacional tradicional.
El Grupo Parlamentario Vox también participó de la “Solicitud de comparecencia del ministro de Cultura y Deporte, ante la Comisión de Cultura y Deporte, para informar sobre las medidas de apoyo al sector cultural en relación a la situación provocada por el covid. (213/000375)”, donde se pronunciaron del siguiente modo:
“También se advierte una impronta ideológica en el campo feminista. Señalan en la primera página del real decreto que la crisis del covid está afectando especialmente a las mujeres, cuando la mortalidad en hombres está siendo muy superior, más o menos dos tercios de los fallecidos son hombres y un tercio, mujeres. También se incluye una financiación mucho más alta –esto ya es una línea general en el ministerio, pero en este caso particular se lo tengo hacer notar– para películas dirigidas por mujeres frente a películas dirigidas por hombres. Tenga en cuenta que estamos hablando de género, no estamos hablando de sexo, y que es autopercibido, por lo cual, dependiendo de cómo vea la financiación Santiago Segura, se puede ver usted financiando el 65% de los gastos de Torrente 6. Yo se lo advierto para que no se lleve luego sorpresas.”
Así, bajo una estrategia populista, la diatriba contra la política feminista mediante la instrumentalización de la política de cuotas o la estigmatización del colectivo trans contribuyen a fomentar la divisoria élite/pueblo en la narrativa político-cultural.
Una línea similar ha seguido la acción cultural autonómica en la Junta de Castilla y León desde marzo de 2022. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, es un doctor en filología hispánica especialista en la historia del toreo, práctica que apoya activamente.
El programa de la Consejería para los próximos años establece ocho ejes de acción, entre los que destacan “El español”, “Fueros y cartas de pueblas o la epopeya de la libertad”, la “España que resiste”, “Diálogos españoles o el genio de las Españas” o “La riqueza del patrimonio cultural, valores éticos, medioambientales, culturales y económicos del toro”. Bajo una visión romántica del patrimonio taurino, se puntualizan una serie de políticas en este ámbito como ciclos novilleriles puestos en marcha por el equipo anterior de Gobierno, la revisión de la estructura y funciones de la Mesa de la Tauromaquia y posibles reformas del Reglamento Taurino en las cuales integrar componentes patrimoniales. El texto también anuncia la formación de Centro Documental Taurino, para conservar el acervo documental sobre la tauromaquia regional. Con respecto al eje “El deporte, necesidad y derecho” se indica:
“Y si el fundamento de una sociedad sana es la familia, el deporte en familia es fuente de infinidad de beneficios sociales para afianzar las relaciones intrafamiliares, llenar el ocio de estímulos y educar a los más jóvenes en la cultura del mérito y el esfuerzo, acentuando los lazos de la convivencia y uniendo a los mayores con los de menor edad”.
En el último año, la política cultural regional ha concretado alguna de las medidas mencionadas, relacionadas con el patrimonio y la promoción de la lengua bajo la citada impronta discursiva y con un importante incremento presupuestario. Pero la tarea de la Junta ha evidenciado otros ejes de gestión y derivadas de la implementación de este proyecto cultural. Por ejemplo, la Consejería de Cultura ha comenzado gestiones orientadas a evitar la remoción de 190 símbolos franquistas en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática mediante declaraciones de Interés Cultural.
¿Hacia dónde se dirige la política cultural de la ultraderecha?
Las experiencias señaladas y el posicionamiento estratégico de Vox en torno a la gestión cultural pública sugieren que este campo de acción se fortalecerá y será clave para la disputa ideológica tras las pasadas elecciones generales. En esta línea se pronunció Santiago Abascal en el mitin de cierre de campaña para dichos comicios: “Hacemos lo que quieren aquellos que nos han dado la confianza, y lo primero es cambiar las políticas culturales de la izquierda. Así es que sepan que hemos llegado aquí, sí, para cancelar sus programas culturales; los hemos cancelado, los vamos a cancelar y los cancelaremos”. A falta de un mayor control sobre otras esferas clave de la administración subestatal, como las carteras económicas o de trabajo, esta política servirá de caja de resonancia para la polarización del campo político-ideológico mediante de la lengua “española”, el patrimonio tradicional, la familia o los toros[2]. Dichos activos serán posiblemente instrumentalizados como un capital simbólico orientado a la estigmatización de la diversidad interna en el país –por ejemplo, con respecto a las lenguas minoritarias– que busca contribuir a consolidar la dicotomía élite-pueblo propuesta por la ultraderecha. Lo que nos enseña el caso húngaro, con intelectuales orgánicos como Békés Márton –quien ha declarado su afición por la obra de Antonio Gramsci–, es que lo que comienza como un esquema de acumulación de poder puede acabar en un régimen censor de largo alcance.