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ASTAPA
Pero este modus operandi se creó hace muchos años. En 2009 salta el caso Astapa, un tema de urbanismo que presuntamente afectaba al alcalde de la comunidad malagueña, Antonio Barrientos, quien había denunciado ante el fiscal José Caballero diferentes irregularidades urbanísticas sin que acometiera ninguna acción, hasta que el comisario Villarejo habló con él.
Dicho alcalde, Antonio Barrientos (PSOE) fue denunciado por uno de sus concejales, David Valadez, compinchado con el comisario Villarejo a través del hermano del policía, el cura de Estepona Pedro Villarejo. El nuevo alcalde llegó a contratar como arquitecto municipal a otro miembro del grupo de negocios del multimillonario policía. Con Valadez, Villarejo consiguió licencias urbanísticas para sus propias inversiones que Barrientos le había negado, pero el objetivo de Villarejo y Olivera no se quedaba en minucias.
Los policías disparaban al entonces ministro de Defensa José Bono y a una presunta financiación ilegal del PSOE, que llegó a publicarse en la revista Interviú por el también socio del comisario, Daniel Montero. Aunque la información decía que la UDEF investigaba a Bono por su relación con Barrientos, lo cierto es que para el exministro ese fue un encargo de la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal y su esposo, Ignacio López del Hierro.
Además, gracias a un audio entregado por uno de los empresarios imputados en Astapa al juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la causa Tándem bajo la dirección de Manuel García Castellón, y por el que se ha abierto una pieza separada, se puede escuchar como José Luis Olivera llama durante una comida a su mano derecha en la UDEF, José Manuel Álvarez Luna, para que de la orden a sus subordinados como Silvia Orna y Miguel Ángel Cuevas, y cambien uno de los informes que afectaba a un administrador de fincas con quien iban a hacer negocios.