Mariano Rajoy se ha puesto a la cabeza de la manifestación contra el contrato único porque sabe que la UE no le va a pedir formalmente que lo aplique en España. O, mejor, que antes de llegar eso, y seguramente el 29 de mayo mismo, le formulará otro tipo de exigencias. Entre ellas, la reducción del gasto en pensiones. Frente a la cuales, lo más probable es que el Gobierno baje la cabeza. Oponiéndose tan fieramente al contrato único, nuestro Gobierno ha querido ganar un poco de imagen y curarse en salud ante el vendaval que se prepara.
Oficialmente, tenemos más de un año de recesión por delante, aunque no pocos piensan que eso es sólo el principio; el paro va a seguir creciendo; el déficit público no se reduce a pesar de los enormes recortes de gastos, sobre todo en inversión; la deuda, empujada por el coste de los intereses, camina sin pausa, y cada vez más aceleradamente, hacia el 100 % del PIB. Y la situación de la banca española no es estructuralmente mejor que la que el sector tenía antes del rescate. Con lo cual el fantasma de la quita de una parte de la formidable deuda de nuestro sector financiero tras un nuevo rescate, vuelve a agitarse en los medios de referencia.
Sólo el Daily Telegraph se ha atrevido a dar por seguro que eso va a ocurrir, en un artículo firmado nada menos que por su director adjunto, Jeremy Warner, y publicado el sábado pasado. El título de la pieza era sin duda escandaloso –“España es oficialmente insolvente: saque su dinero mientras pueda”- pero el texto era más comedido y en buena medida se apoyaba, aunque exagerando sus conclusiones, en el último informe Fiscal Monitor editado por el FMI. Las cuentas de nuestros bancos están al límite y la recesión puede hacerlas descarrillar en poco tiempo: entre otras cosas, porque acarreará nuevos créditos fallidos.
En esa dirección, las declaraciones del vicepresidente de la Comisión y comisario europeo de Asuntos Económicos, el finlandés Olli Rehn –“España debe adoptar reformas contundentes”- son mucho más significativas que la sugerencia personal, de la que se retractó a las 24 horas, que ese mismo día hizo el comisario de asuntos sociales, el húngaro Laszlo Ándor, en el sentido de que “España contemple la posibilidad de adoptar un contrato laboral único abierto”. Porque lo que ha venido a decir Rehn es que el 29 de mayo la UE exigirá que España tome medidas de impacto más inmediato y de efectos mucho más conspicuos sobre nuestro gasto público. Lo cual hace pensar inevitablemente, entre otras varias cosas, en las pensiones: y ante eso Rajoy no ha dicho nada.