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Sólo siete meses después de que fuera investida presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso ya ha concedido todas las reivindicaciones que el lobby ultra Hazte Oír y su plataforma internacional CitizenGO, exigieron a quien quisiera contar con su apoyo y el de sus miles de socios para…
Ayuso no dejó pasar ni un día para que su postura quedara clara. Fue en su discurso en la primera sesión del Pleno de Investidura como candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 28 de mayo en las que el PP sacó mayoría absoluta. «Como la protección de la vida es prioritaria para Gobierno defenderemos la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, también con la eutanasia y el aborto».
Sus palabras parecían escritas para contestar a las exigencias que el lobby ultraconservador Hazte Oír les hizo Isabel Díaz Ayuso y a Rocío Monasterio, líder de VOX en la Comunidad de Madrid, para decidir su voto y el de sus miles de socios, seguidores y donantes. El documento con cinco puntos y un racimo de exigencias fue aireado por la propia asociación que, incluso llegó a crear una web al respecto para hacer públicas sus reclamaciones y comprobar qué candidata las cumpliría a cambio de su apoyo.
«HazteOir.org pregunta a los partidos y candidatos de centro-derecha que concurren a la cita electoral si, en caso de tener una mayoría suficiente para gobernar, implementarán las siguientes políticas», decía el documento público. «Porque tú y yo sabemos muy bien que cuando un político no siente la presión de sus votantes, le resulta muy fácil olvidar sus promesas electorales», aseguraba Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír en el escrito de petición a las candidatas.
«Adoptar políticas para avanzar en la protección del derecho a la vida de todos los seres humanos (desde la concepción hasta la muerte natural)» y «Nunca obligar a los profesionales médicos a practicar ni a participar contra su conciencia en ningún proceso contra la vida (aborto y eutanasia)». Ambas demandas se englobaban dentro del epígrafe ‘Promover el derecho a la vida’, uno de los cinco que completaban el documento del grupo ultracatólico.
En ese mismo discurso de investidura Ayuso anunció más y mayores ayudas a la natalidad, la maternidad, la paternidad y la conciliación: un chequé bebé de 1.800 euros por hijo nacido tanto en partos como en adopciones múltiples que está en marcha desde el pasado 1 de enero. Es decir, la medida dirigida al fomento de las familias numerosas, supone una cuantía de 3.600 euros en caso de que sean dos bebés y así sucesivamente.
La medida es compatible también con el plan de incentivos ya activo para que las mujeres sean madres cuanto más jóvenes mejor: ayudas de 500 euros por hijo para las gestantes menores de 30 años desde la semana 21 de embarazo y hasta que el menor cumple los dos años. Además, las entidades sin ánimo de lucro que contribuyan al fomento de la natalidad se seguirán beneficiando de líneas de créditos regionales dotadas con un millón y medio de euros.
Hazte Oír presionó públicamente a Isabel Díaz Ayuso con el tema del aborto durante la campaña electoral sacando a circular contra ella el que muchos conocen como el autobús de la vergüenza. En uno de los laterales, se veía la imagen de la entonces presidenta en funciones con un cartel en forma de bocadillo en el que se podía leer unas declaraciones suyas: «El aborto es asesinato, pero debe haber libertad». Era una de atar en corto al verso suelto. En el otro lado del autobús, otras de las reivindicaciones del lobby ultra, que también Ayuso a concedido en estos 7 meses desde que fuera investida el pasado 22 de junio: la Ley Trans.
«Ayuso voto sí a la Ley Trans. No merece tu voto. La ley Trans adoctrina, hormona y mutila a niños», rezaba el lateral derecho del autobús naranja de la extrema derecha. Ayuso se comprometió a derogarla y el grupo parlamentario del PP aprovechó el caos político y social que España vivía por el tema de la amnistía para registrar una proposición de ley y cambiar la Ley de identidad y expresión de género y la protección integral contra la LGTBIfobia.
La propuesta se aprobó por la vía de urgencia y, -tras 7 años en vigor y ser votada por la propia Ayuso en su primera legislatura- salió adelante en plenas navidades gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular en Madrid.
«Ayuso, tras años de incongruencia (denunciaba la ley trans de Irene Montero a la vez que mantenía vigente la ley trans de la Comunidad de Madrid), por fin cede a nuestra presión y va a derogar las partes más dañinas de una ley que lleva siete años adoctrinando, hormando y mutilando niños en Madrid», decía Ignacio Arsuaga, presidente y fundador de Hazte Oír y directivo del grupo internacional CitizenGO en el que está integrado. El lobby tiene sede en Madrid y está presente en 15 ciudades en cuatro continentes.
El grupo de presión ultra católico Hazte Oír fue fundado en 2011. Dos años después, el gobierno de Rajoy lo consideró «una asociación de utilidad pública». Fue el ministro Jorge Fernández Díaz quien rubricó aquella categoría con la que Hazte Oír recibiría cuantiosos beneficios fiscales. El exministro del Interior es un reconocido católico ferviente desde que vivió un episodio mariano en su propia piel: cambió su vida de juerguista por la de misa diaria cuando se le apareció la Virgen en un viaje a Las Vegas. Fernández Díaz confesó en una entrevista que tenía «un ángel que se llamaba Marcelo y le ayudaba a aparcar».
El chollo de las importantes deducciones fiscales duró hasta 2019 cuando, ya con Pedro Sánchez como presidente y Marlaska de ministro, se les revocó el reconocimiento de «asociación de utilidad pública». De 2013 a 2020, prácticamente todos los años en los que estuvo vigente aquella categoría, el lobby ultra presidido por Ignacio Arsuaga reconoció haber recibido 17 millones de euros de sus socios y donantes. De ahí la importancia de tener su apoyo en unas elecciones.
«Defender el Valle de los Caídos y los símbolos cristianos. Ante el ataque indiscriminado y constante contra los símbolos cristianos en España bajo el amparo de la ley de “Memoria Democrática”, otorgar protección jurídica a todos estos símbolos. Impedir, en el ámbito de competencia de la Comunidad de Madrid, su retirada, modificación, derribo, o cualquier otra acción que viole el derecho a la libertad religiosa, de culto o de conciencia», exigía también el documento de Hazte Oír.
Aunque la Ley de Patrimonio Cultural de la CAM no estaba pensada para proteger el Valle de Cuelgamuros y el Valle de los Caídos, el Gobierno madrileño intentó adaptar su normativa para meterse en un charco para el que no tenía katiuskas, porque no tiene competencias sobre ello, son del Estado.
Así que PP y Vox aprobaron el texto definitivo en el que se insta a preservar «la arquitectura religiosa, incluyendo los calvarios tradicionales y las cruces, así como los elementos decorativos y bienes muebles relacionados directamente con el bien patrimonial a proteger». Con esta maniobra, intentó Ayuso incluir la cruz del Valle de Los Caídos dentro de la nueva normativa y así intentar tener competencias para poder nombrarlo Bien de Interés Cultural, pero al no tener competencias, fue imposible.
Pero la presidenta ha conseguido dejar la puerta abierta en caso de que hubiera una transferencia de competencias… Ayuso lo ha intentado y con ello logró el apoyo de la extrema derecha política de Vox y, de paso, demostró a la extrema derecha civil que había llegado hasta donde había podido, pero que la semilla ya estaba plantada.
Otra exigencia en la que vuelven ir de la mano Vox y Hazte Oír y ante la que Ayuso ha agachado la cabeza: meter mano en la educación con la excusa de que no sean otros quienes metan mano a la educación. El Gobierno de la Comunidad de Madrid obliga ya a todos los colegios que reciban subvenciones (es decir, públicos y concertados) a publicitar en su web «de forma exhaustiva» las actividades extraescolares y complementarias de forma “exhaustiva” y las organizaciones externas con las que colaboran. La medida, que debe ser efectiva antes de acabe el mes de enero, se ajusta perfectamente a otra de las reivindicaciones que el grupo de Ignacio Arsuaga recogió en su documento de exigencias.
«Detener el adoctrinamiento en la escuelas: Bajo el amparo de la Agenda 2030 y las leyes de género, y con la excusa de promover la tolerancia e inclusión, se está adoctrinando a niños desde los 3 años en ideología de género, LGTB y feminismo radical. Pedimos una ley de protección de la infancia que evite el adoctrinamiento ideológico e incluya medidas de protección para los menores como el pin parental», decía el listado de reclamaciones de Hazte Oír.
Así las cosas, Ayuso ya trabaja en su primera Ley de Protección a las Familias. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales asegura que «garantizará el respeto a la libertad y autonomía familiar en la educación de los hijos frente a los poderes públicos, que tendrán carácter subsidiario» y que su objetivo es que las Administraciones dejen de ser «intervencionistas en la vida familiar».
El último punto en el nutrido listado de exigencias políticas del lobby de la ultraderecha Hazte Oír y CitizenGO consistía en bajar impuestos para «compensar los ataques por parte del Gobierno central». Es obvio que este punto no es necesario desarrollarlo. Pocas gritan tan enérgicamente su ideología en este asunto como Ayuso. En este tema, ella también se hace oír.