Estepona 12 de Mayo de 2025
LA DESCONEXIÓN DEMOCRÁTICA
Existen conductas que, aunque el sistema judicial determine que no constituyen delitos, no por eso dejan de ser reprobables, especialmente cuando provienen de personas con responsabilidades institucionales. Asumir las consecuencias de dichos errores es un acto de coherencia que debería llevar a la dimisión de estos personajes públicos, para así restaurar la dignidad de la institución que representan.
Gestionar la percepción de estas conductas es complejo para el ciudadano, sobre todo si esta viene referida a cuestiones que tienen que ver con la ética. Es complicado analizar la acción política cuando se desarrolla desde el personalismo y no desde el liderazgo, pues la primera genera perfiles autoritarios y soberbios, mientras la segunda favorece sentimientos de pertenencia a un grupo.
Esa interrupción de la realidad marca la dinámica del autoritarismo, esa percepción de superioridad moral que necesita alimentarse de la arrogancia, la vanidad o la soberbia y que conduce a toma de decisiones que alteran los principios básicos de la convivencia y debilitan la democracia. Cuando se produce ese cortocircuito son necesario mecanismos de corrección que reviertan esa influencia y para ello es necesario reforzar y garantizar acciones que pongan en valor la democracia, la justicia y la libertad.
La política funciona como una herramienta que establece límites y define mecanismos que permiten a los órganos del Estado cumplir con sus responsabilidades y respetar las normas establecidas. Para ello es fundamental que la sociedad civil ejerza su papel vigilante y exija a los gestores públicos que cumplan con sus compromisos éticos. De esta manera, se asegura que el ejercicio del poder esté alineado con los valores de equidad, transparencia y justicia, evitando caer en prácticas que puedan generar una desconexión democrática.
El ejercicio de la autoridad en el ámbito político implica responsabilidades fundamentales. Por una parte, la implementación de políticas que atiendan las necesidades de la ciudadanía, y por otra, la administración responsable de los fondos públicos. Cuando quienes ejercen el poder ignoran estos principios, el resultado puede ser un alejamiento entre la clase política y la sociedad, debilitando así los valores democráticos que sostienen la convivencia
SERGIO LÓPEZ