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Cándido Méndez y Fernández Toxo

UGT y CCOO ingresan 500 millones de euros desde 2003 que no han justificado

Lo que deben aclarar

Muchos sabían y todos callaban

Opacidades y desmanes

Desde hace años está bajo sospecha el verdadero uso de los fondos para asesoramiento o formación. Ambas centrales han llegado a crear un emporio de empresas formado por más de 50 entidades.

 

Los últimos escándalos surgidos en Andalucía han puesto de manifiesto una costumbre muy arraigada en los dos sindicatos mayoritarios: ingresar dinero ajeno (no proveniente de las cuotas de sus afiliados) y abstenerse de rendir cuentas sobre el empleo de esos caudales. Ése ha sido el destino de, como mínimo, 500 millones de euros en los últimos diez años.

En algunos casos esa falta de control ha sido deliberadamente buscada para encubrir comportamientos delictivos y enriquecimientos personales. En otras ocasiones, no es posible señalar responsables concretos, y la falta de control es fruto de vacíos legales y prácticas asentadas y toleradas desde hace décadas.

Éstas permiten a los representantes de los trabajadores (y de igual manera a la patronal), tener manga ancha en la gestión de fondos destinados al asesoramiento en caso de despidos o de formación de los trabajadores, entre otros ámbitos.

Y, todo ello, dejando de lado la espinosa cuestión de las subvenciones que las centrales reciben, cada año, de forma automática de los Presupuestos Generales del Estado, en respuesta al muy general propósito de "fomentar cualquier tipo de actividad sindical y de protección de los trabajadores". En los mejores años, UGT y CCOO han llegado a absorber por esta vía hasta seis millones de euros cada uno debido a tan amplio concepto.

 De Forcem a los ERE

 

Al grupo de los casos que sí que acapararon primeras planas pertenece el escándalo destapado en 2003, cuando las centrales se vieron envueltas en la mayor polémica desde los tiempos de la quiebra de la inmobiliaria PSV. Fue hace 10 años cuando tomó velocidad el caso Forcem, el acrónimo de la Fundación para la Formación Continua, creada en 1992 por los sindicatos y la patronal para gestionar los fondos que los ahora llamados Servicios Públicos de Empleo (antes denominados Inem) reservaba a cursos para parados y trabajadores que, a su vez, provenían de las arcas de la Unión Europea (UE).

Hasta 100 millones de euros fueron a parar a programas formativos de los que no quedó constancia de que realmente se hubieran impartido o de que tuvieran siquiera alumnos apuntados.

El negocio de asesorar despidos

Sin necesidad de caer en lo delictivo como ha ocurrido en Andalucía, los ERE constituyen, además de un dolor de cabeza para los afectados, una fuente cuantiosa (y descontrolada) de ingresos para los dos grandes centrales debido a los servicios de asesoría que, supuestamente, prestan a los trabajadores.

Y de cobrar por ello. Así, en un año histórico en lo que se refiere a la cantidad de regulaciones de empleo que se produjeron como fue 2011, con nada menos que 373.380 afectados de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), los sindicatos cobraron una media de 250 euros (hay casos en los que el coste ha llegado a ascender hasta los 400 euros) a cada uno de ellos en concepto de un servicio de asesoría del que no hay manera de demostrar que efectivamente se ofreció.

La suma total que se embolsaron las centrales asciende a 93,3 millones únicamente en ese ejercicio.

Sacar 'tajada' de la formación

Tras los escándalos reconocidos y el cobro por asesoramiento de ERE, el camino hacia los 500 millones de fondos sindicales incontrolados desde 2003 pasa por la formación tanto de trabajadores en activo como de parados.

A este fin se destinaron en 2011 3.013 millones de euros, de los que 300 millones fueron específicamente a parar a manos de los sindicatos para su gestión a la que resulta muy complicado seguirle la pista.

Velar por las cajas

Los agentes sociales han tenido desde hace décadas una presencia destacada en los consejos de administración de las cajas de ahorros, y la debacle de estas entidades financieras los ha arrastrado también, aunque sin que se les haya exigido responsabilidades directas.

Y eso que su función en el seno de estos organismos no era de ningún modo despreciable. Así, en los estatutos de una de las cajas que más ruido hizo al caer, Banco Financiero y de Ahorros (BFA)-Bankia, figura que patronal y sindicatos tenían como labor velar por la correcta administración y la gestión del organismo".

En pago por esa labor de vigilancia en 2011, justo el ejercicio anterior a la caída del conglomerado que formaron Caja Madrid y Bancaja, los dos representantes de UGT se embolsaron unos emolumentos por un valor total de 625.000 euros, entre dietas por asistencia a reuniones, sueldo por participar en comisiones especializadas y también pagos en concepto de participación en planes de ahorro que la propia institución respaldaba.

En cuanto a la voz de Comisiones Obreras en ese organismo el sueldo percibido en ese año crítico se situó en 181.000 euros.

 

Posible uso de los 500 millones

Todo ingreso que reciban UGT y CCOO es poco para el mantenimiento de tan gran emporio como han logrado construir en las últimas décadas. De acuerdo con los datos más definitivos del Registro Mercantil, asciende a más 50 el número de empresas en las que tienen participación ambas centrales, en no pocos casos al 100 por ciento. El entramado abarca varios ámbitos, desde la formación hasta el sector inmobiliario.

Tag(s) : #NOTAS DE PRENSA

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