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                                                                                    Estepona 24 de Marzo de 2013

DE LA HONORABILIDAD Y OTRAS CUESTIONES

Es curioso que exista un cuestionario de honorabilidad del Ministerio de Economía y Competitividad y que tiene por finalidad recoger datos en relación con el requisito de honorabilidad comercial y profesional a que se refieren los apartados 1.f) y 2 del artículo 2, artículo 7.3 y apartado 2.c) del artículo 9 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio (BOE de 31).

Quizás los cargos públicos deberían rellenar algún tipo de cuestionario de esta naturaleza, porque está visto que el juramento o promesa de respetar y hacer respetar la Constitución… no es suficiente a la vista de los numerosos casos de imputaciones por corrupción con las que nos desayunamos cada día.

Por mencionar algunas y como punto de partida, la corrupción derivada de los falsos ERES andaluces, y de seguir seguiríamos por el caso Bárcenas, Gurtel, caso Sabadell, en fin un empezar y no acabar. Casos todos en los que la honorabilidad brilla por su ausencia.

Es cierto que el sistema judicial  debería reorganizar su mecánica de modo que en todo proceso penal iniciado por “notitia criminis”, ese derecho recogido en la declaración Universal de Derechos Humanos, articulo 11.1, por el que "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público”, no tuviera que pasar necesariamente por el escaparate de la imputación. Quizás por eso sería necesario un procedimiento previo menos invasivo de la presunción de inocencia, que garantice ese derecho. Según la RAE, la imputación se define como: la atribución a una persona de un delito o una acción. Es decir,  el concepto se utiliza para nombrar la acción y efecto de imputar (atribuir la responsabilidad de un hecho reprobable a una persona). En el ámbito del derecho  la imputación es el acto que implica la acusación formal a una persona de un delito concreto. A partir del momento de la imputación, el acusado puede ejercer su derecho a defensa. Habría que preguntarse si el  ejercicio del derecho a la defensa del imputado salvaguarda al derecho de la presunción de inocencia.

 Marcos Cárdenas, Fiscal Provincial Anticorrupción, Titular del Distrito Judicial de Lima, es mucho más  didáctico que yo y expone clara y concisamente lo que trato de expresar torpemente en el párrafo anterior: “La presunción de inocencia, pese que ha sido elevada a la categoría de derecho, se convierte en anodino debido a factores exógenos. Dichos factores provienen del arraigo al sistema inquisitivo, que tenía la función de aherrojar al imputado, creando una “cultura de culpabilidad”. Todo esto viene al caso debido a la extrema facilidad con que determinados políticos, no solo electos, hacen uso de la vía judicial para dirimir rencillas partidistas o como estrategias para desacreditar al adversario de turno. La pregunta entonces es ¿Goza del suficiente rigor el sistema judicial como para defenderse de esta utilización perversa?

Sin duda la imputación ensombrece la honorabilidad, ya que sin haber una sentencia firme la persona sospechosa no debería ni tendría por qué ver menoscabadas sus libertades y derechos fundamentales. Quizás si todas las consideraciones expuestas en párrafos anteriores la enmarcásemos en el ámbito del ciudadano de a pie, pudiera tener alguna posibilidad de consenso. Ahora bien, trasladadas al ámbito de las responsabilidades públicas intuyo que cualquier intento de esgrimir teorías justificadoras carecerían de argumentos plausibles.

Hoy día estamos tan acostumbrados al termino “imputado” que indefectiblemente lo asociamos a un hecho delictivo consumado, esos factores exógenos a los que hace alusión Marcos Cárdenas, y esto es así porque las noticias que nos llegan sobre imputados lo son, mayoritariamente,  en base a la relajación en el ejercicio de responsabilidades públicas.

 Y estos cargos públicos deben ser conscientes que,  no  solo  deben respetar el código penal o el civil, sino que también hay otros códigos que le son exigibles, incluso algunos no escritos, como el código de la honorabilidad. Y que tienen responsabilidades aparte de las penales o civiles, como por ejemplo la responsabilidad política. Luego ya tenemos dos factores más, asociados y de obligado cumplimiento para cualquier cargo público, el mantenimiento de la honorabilidad y la responsabilidad política. Y es conveniente resaltarlos, porque hoy día en el escenario de la vida pública estos valores destacan por su ausencia.

Hay casos de honorables que ante la más  mínima posibilidad de que esa honorabilidad quede en entredicho dimiten de sus responsabilidades públicas, casos de Soren Gade, ministro danés de Defensa, que en  febrero 2010 dimitió porque se publicó que una persona de su ministerio había contado información confidencial referida a las tropas danesas en Irak. O el ministro del Interior de Bulgaria, Rumen Petkov que en Abril de2008, dimitió por reunirse con empresarios investigados por corrupción. O el titular del tesoro británico, David Laws, que dimitió a los 17 días de ser nombrado y tras salir a la luz un escándalo relacionado con el cobro abusivo de dietas. Reclamaba los gastos del alquiler de las habitaciones en casas en propiedad de su pareja.

El 29 marzo 2011.dimiten los eurodiputados Enrst Strasser y Zoran Thaler. (No lo hizo el eurodiputado español del PP, Pablo Zabala, no dimiten en España, voy a dimitir en Europa), tras ser acusados de aceptar sobornos de 100.000 euros al año a cambio de influir en la legislación comunitaria. Dimite el ministro británico de Energía, Chris Huhne, el 6 febrero 2012, al ser procesado por intentar eludir una infracción de tráfico (exceso de velocidad) que llevaba aparejada pérdida de puntos en el carné de conducir.

Dimiten la ministra de Educación y Ciencia de Alemania, Annette Schavan, Pál Schmitt presidente de Hungría y el ministro de Defensa alemán, Karl Theodor Zu Guttenberg, acusados por plagio.

Si analizamos las causas de estas  dimisiones, ¿Cuántos honorables españoles tendrían que haber dimitido? Bueno, la  respuesta nos la pone en bandeja Pablo Zabala.

¿Por qué este sentido escrupuloso de la honorabilidad en nuestros vecinos europeos y sin embargo la laxitud en nuestra bendita España? Han dimitido presidentes de gobiernos, ministros de defensa, de interior, de organismo como el tesoro público… y sus respectivos países continúan de pie  y sus parlamentos fortalecidos ante sus ciudadanos, unos ciudadanos ávidos de medidas ejemplarizantes para continuar manteniendo la fe en la democracia.

Decía en párrafos anteriores que la imputación ensombrece la honorabilidad, matizo y añado: Lo lamentable es que los honorables ensombrezcan la democracia.

 

SERGIO LÓPEZ

Tag(s) : #ARTICULOS DE OPINION

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