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                                                Estepona 26 de Octubre de 2017

 

DEL 155 AL ESTADO FEDERAL

 

No podemos sustraernos ante una realidad palmaria, el uso de medidas extremas, aunque estén amparadas en la legalidad, supone el fracaso de la política. Nadie debe dudar de la legitimidad del 155, está en la Constitución Española y eso le da carta de naturaleza, luego el 155 no es un instrumento coercitivo, ni se puede alegar que su presencia en nuestra carta magna sea propia de un estado autoritario. Por lo tanto seamos capaces de separar la legitimidad de la ley sobre la incapacidad política en la gestión de un proceso, que como consecuencia aboca a la aplicación de dicha ley.

 

Es legítimo que el Parlament reivindique y se sienta corresponsable de las expectativas y reivindicaciones de una parte de la ciudadanía que exige cambiar el marco legal para de esta forma vivir bajo un régimen, en este caso una República independiente del Estado español, distinto al  actual, pero no se puede cambiar el marco legal utilizando estrategias y métodos que pervierten esa legalidad.

El artículo 155 está incluido en el Título VIII (De la Organización Territorial del Estado), Capítulo tercero (De las Comunidades Autónomas)—“es un artículo que dota al Estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan las obligaciones impuestas por la Constitución u otras leyes, o que atenten gravemente contra el interés general de España, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o a la protección del mencionado interés general”.  No es por lo tanto una parte de la Constitución pensada ex profeso para Cataluña, mas si tenemos en cuenta que está inspirada en la  constitución alemana y no creo que el 23 de Mayo de 1949, fecha en que la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania fue promulgada, los responsables de estudiar y elaborar la Carta Magna alemana tuvieran como preocupación las posibles consecuencias, en otros estados europeos, de la llamada "coerción federal" (Bundeszwang), prevista en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn (Constitución alemana).

Es cierto que la Constitución alemana ha sido revisada unas sesenta veces desde 1949, pero no es menos cierto que hasta 2006 no se abordó la posibilidad de modificar la relación entre el Estado Federal y los Lander o estados federados que conforman el mapa administrativo de la RFA. Por lo tanto sí seguimos con la comparativa que enmarcan ambas constituciones, veremos similitudes también en el momento histórico en que ambas cartas magnas fueron promulgadas, en Alemania coincidió con el final de la segunda guerra mundial  y por lo tanto con la derrota del nazismo y en España con el final de la dictadura franquista; dos constituciones elaboradas para finalizar un proceso ideológico de corte similar, el nazismo en Alemania y el fascismo en España. La Constitución española, nacida de la transición, necesita ser revisada y uno de los aspectos fundamentales a revisar es sin duda, como en Alemania, la relación del Estado central con las autonomías, y no solo con la catalana.

 

Estamos pues ante una situación de crisis provocada por un gobierno, el govern catalán, que anunció, y lo hizo efectivo, que desoiría la resolución del Tribunal Constitucional "con todas las consecuencias" que ello acarree, en el caso de que el alto tribunal anulase la Ley de Referéndum, y que solo "obedecerá el mandato" del Parlamento catalán. Un parlamento que reunido los días 6 y 7 de Septiembre y esquivando el Consell de Garanties, es decir contraviniendo no solo la Constitución Española sino el propio Estatut de Cataluña, modificando el orden del día, sin respetar los plazos fijados para ello, con la oposición de un informe jurídico de los letrados de la Cámara sobre ambas normas, Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica, informe exigido por la oposición y rechazada por la Mesa del Parlament, optó por, secuestrando la legitimidad de la cámara, promulgar dichas leyes y en base a ellas y al resultado del 1 de Octubre, considerarse legitimados para proclamar la independencia unilateral de Cataluña.

 

En la otra orilla, la pésima gestión del Gobierno o más bien  la no gestión, y habría que retrotraerse hasta la Diada de 2012 para calibrar el proceso que ha culminado estos días con la decisión del Gobierno de poner en marcha el artículo 155. Cinco años de dialogo cero, una vez más el ejecutivo con Rajoy a la cabeza poniéndose de perfil ante los problemas de España y esa indolencia ha ido alimentando el sentimiento de dejadez que ciudadanos moderados de Cataluña han ido experimentando a lo largo de estos cinco años y que junto a la división de la izquierda, incluso a veces en el seno tanto de PSOE- PSC como de Podemos-En Común, han creado un caldo de cultivo favorable para llegar a un momento donde la aplicación de una Ley se vea como un atentado a la integridad de un pueblo.

 

La democracia se establece sobre la legitimidad de las urnas y estas se articulan en base a leyes y normas que hacen que el resultado emanado de ellas se considere legítimo cuando han acatado el marco legal constituido. El resultado electoral establece las mayorías necesarias para legislar y ejecutar y desde esta mayoría los ciudadanos se ven representados y acatan las leyes emanadas de las instituciones y esas instituciones deben primero obedecer el mandato de la urnas y después las mayorías deben legislar respetando la Carta Magna. La promulgación de los resultados del 6 y 7 de Septiembre de 2017 por el Parlament entran en conflicto con el orden legal establecido y los resultados salidos de las urnas el 1 de Octubre carecen de rigor y no han ofrecido al elector la garantía mediante la supervisión de su desarrollo, al ser suspendida por el Tribunal Constitucional.

 

En otro orden de cosas habría que analizar también el argumentario utilizado por los nuevos “padres” de la independencia catalana para razonar y exponer las líneas que les han llevado a adoptar esta medida. En este caso la posverdad, aquella información o aseveración que no se basa en hechos objetivos, “sino que apela a las emociones, creencias o deseos del ciudadano” ha sido utilizada de una manera contundente al apelar a esos sentimientos del ciudadano mediante la implantación de una idea de opresión y latrocinio del Estado hacia la Comunidad catalana. La utilización de medios de comunicación afines ha sido de tal intensidad que han llevado a muchos ciudadanos a creer que son víctimas de un país, España, que los oprime "No importa si un hecho ha sucedido o no, importa que alguien crea que ha sucedido".

 

Llegados al momento actual parece sensato que el Presidente Puigdemont convocasen elecciones autonómicas y a partir a ahí abrir un marco de diálogo que acercase planteamientos y reordenase el marco jurídico entre las comunidades autónomas y el Estado. Este nuevo ordenamiento, basado en la legitimidad de una cámara territorial, el Senado, que reformado y conformado como una verdadera “Cámara de representación territorial” daría sentido a un Estado federal, y que asumiendo con más personalidad su responsabilidad en la ordenación del territorio, planteara la necesidad de revisar la Constitución y ofrecer a las Autonomías herramientas más eficaces para la gestión de los territorio que representan. Quizás habría que diseñar esta revisión cambiando el marco legal de las autonomías e ir hacia un estado federal que subsanase las carencias que a día de hoy esgrimen para el desencuentros las comunidades autónomas, entre ellas la catalana.

 

Como decía el profesor Rubio Llorente: “Hay que reformar la Constitución para acabarla”

 

 

Sergio López

 
Tag(s) : #ARTICULOS DE OPINION

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